¿Defensores de qué?

¿Defensores de qué?
I.- Una realidad que debemos atender responsablemente.
Nunca como al presente necesitó nuestro país de una atención mayor en el examen de sus problemas de pueblo, porque nunca como ahora se hizo tan notoria la crisis de sus valores sustantitvos. Tampoco jamás desde la edad heroica nuestro país se había confrontado con mayor número de problema a la vez.
Esa reflexión corresponde a Mario Briceño Iragorry(1897-1958), registrada en su obra Mensaje Sin Destino y escrita según consta en el libro en el año 1950.
Hoy 70 años después, nuestra juventud perfectamente puede hacer suya esa reflexión de Briceño Iragorry, pues como nunca antes, la crisis de los valores de pueblo había sido tan notoria y mucho menos, habíamos experimentado como sociedad el desafío de confrontar tantos problemas a la vez.
Nos correspondió vivir este momento histórico y no es posible cambiarlo, como tampoco es viable retroceder en el tiempo y corregir los errores que como sociedad cometimos en el pasado. La búsqueda de soluciones en medio de una crisis que no logró cohesionar a la sociedad en la década de los 90s en función de las soluciones inminentes y urgentes, nos condujo en 1999 como sociedad a buscar la salida más tradicional, expedita, rápida y fácil a los problemas del país: una constituyente que reformara la Constitución.
En 1999 siendo fieles a nuestra tradición republicana, la sociedad venezolana buscó en la Asamblea Constituyente la solución a la crisis de aquél momento; recurriendo a tal fin, a la Corte Suprema de Justicia, quien como máximo intérprete de la Constitución le dió piso jurídico a una solución política a la crisis que afectaba la gobernabilidad y la democracia venezolana.
Un pueblo que quería cambios rápidos y efectivos, un Presidente con una alta popularidad y una Corte Suprema de Justicia que logró interpretar la realidad del momento, fueron los elementos que facilitaron un proceso constituyente que fue legitimado a través de la participación ciudadana.
Unos 18 años después, ahora que la Constituyente es una de las formas previstas para reformar la Constitución, el Presidente Nicolás Maduro, convoca a una Constituyente, y se aprovecha de un vacío constitucional para generar un conflicto jurídico sobre la naturaleza constitucional o no de
esa convocatoria y se apoya, como ha sido a lo largo del proceso de golpe de estado continuado, en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que éste diga que no es necesaria y tampoco obligante constitucionalmente la consulta popular sobre el proceso constituyente que el gobierno pretende impulsar.
En medio de ese debate jurídico, la crisis política, social y económica se agrava, y el país se ve arropado de una gran oscuridad, tal y como lo expresó la Conferencia Episcopal Venezolana el pasado 17 de enero 2017 en su Exhortación Pastoral, en la cual afirma categóricamente que la realidad es extremadamente crítica.
En esa Exhortación, la Conferencia Episcopal dibuja claramente el rostro de la crisis e insiste como lo ha hecho con otros documentos, en reclamar y denunciar que la vía constituyente es innecesaria porque no resuelve los problemas de fondo de la crisis política, social y económica del país.
En tal sentido, la Conferencia nos dice: Nunca antes habíamos visto tantos hermanos nuestros hurgar en la basura en búsqueda de comida!, el deterioro extremo de la salud pública, la alta desnutrición en los niños, la ideologización en la educación, el altísimo índice de inflación con la consecuente pérdida del poder adquisitivo, la corrupción generalizada e impune, propiciada particularmente por el control de cambio, el odio y la violencia política, los elevados índices de delincuencia e inseguridad, el pésimo funcionamiento de los servicios públicos, dibujan un oscuro panorama que se agrava cada día que pasa, porque no se ponen correctivos a los males y porque la causa que los genera avanza como una tenaza que se va cerrando, con sus secuelas opresivas y destructoras. Esta cultura de muerte en la que estamos sumidos configura un estado de acciones y decisiones moralmente inaceptables que descalifica éticamente a quien lo provoca, mantiene o justifica.
Esa oscura realidad que arropa en estos momentos al país, no es otra que la respuesta a una profunda crisis provocada por un gobierno que asumió el Estado para usarlo de instrumento útil para la imposición de un modelo político, social y económico llamado Plan de la Patria, que la propia Conferencia Episcopal de Venezuela ha calificado desde el 2014, luego de las llamadas guarimbas, como un modelo totalitario y contrario al marco constitucional vigente.
Ese Plan de la Patria, como lo ha insistido muchas veces la Conferencia Episcopal, es el principal responsable de esta crisis, su implantación ha sido progresiva, primero de hecho, al respecto vale recordar que desde lo local se fueron sembrando Consejos Comunales, por allá en los años 2005, luego otras formas de organizaciones del poder popular, finalmente llegó la Comuna y entonces aparecieron las leyes en diciembre 2010, a través de las cuales pretendieron legalizar un modelo de sociedad que a lo largo de los años ha demostrado su inviabilidad y en consecuencia su fracaso.
Si atendemos al contenido de ese Plan de la Patria, asumiendolo como hoja de ruta política del gobierno nacional, claramente encontramos allí una evidencia clara de un gobierno que desde el 2010, ha procurado conscientemente romper el orden democrático y luego imponer un nuevo
orden constitucional para definitivamente instalar el modelo comunal de Estado, excusa mediática, para hablar del modelo comunismo.
II.- El desafío: la restitución del orden constitucional y democrático.
El 23 de octubre de 2017 la Asamblea Nacional mediante un Acuerdo declaró formalmente que en Venezuela se había una ruptura constitucional y la existencia de un golpe de estado continuado cometido por el régimen de Nicolás Maduro contra la Constitución y el Pueblo.
Ya el 6 de mayo de 2017, mediante otro Acuerdo había denunciado la posibilidad real de una ruptura del órden constitucional y democrático en Venezuela, por violación a las disposiciones constitucionales por parte del Poder Ejecutivo Nacional, del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral
Ahora el 20 de junio del 2017, los partidos políticos, agrupados en la Unidad democrático, complementan aquellas declaraciones del Poder Legislativo, como expresión de una crisis que se ha agravado peligrosamente, porque como nunca antes en nuestra historia, había sido tan claro y evidente el riesgo de un cambio de modelo político, social y económico a través de una manipulación grotesca del poder del Estado para imponerla, aún en contra de la voluntad, sabiendo que la misma fue rechazada en el 2007 y que no responde a la tradición historica republicana.
El régimen de Nicolás Maduro, en una clara conspiración con la Sala Constitucional y que ha sido avalada por el Poder Electoral, se han alejado de manera evidente de los fines esenciales que debe perseguir el Estado Venezolano, atendiendo exclusivamente al principio de supremacía Constitucional, garantizado en ese texto Constitucional.
En este sentido, es oportuno revisar el artículo 3 de la Constitución en el cual se establece cuáles son esos fines esenciales del Estado, a saber:
El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución.
La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines.
Como nunca antes, resulta fundamental, buscar en esos fines, los elementos, los argumentos y las reflexiones políticas que nos lleva a identificar esos valores que no son comunes como sociedad, para intentar a través de ellos encontrar aquellos que nos faciliten el camino hacia una sociedad más cohesionada en defensa de la Democracia y de la Constitución.
Por lo tanto, hay muchas experiencias que hemos vivido en los últimos meses que nos permiten aprender de ellas y valorar la responsabilidad del gobierno nacional en cumplir con su obligación
de asumir la conducción política del Estado para lograr alcanzar esos fines previstos en el artículo 3 de la Constitución.
Al respecto, algunos comentarios:
1.- El ejercicio democrático de la voluntad popular, fué negado en el caso del referendo revocatorio, la participación en el proceso del 1% adelantó claramente la voluntad popular, lo que obligó al régimen a declararlo en suspenso indefinido vía Consejo Nacional Electoral.
Pero también nos negaron la posibilidad de un referendo aprobatorio para legitimar o no la convocatoria a un proceso constituyente, en este caso, la Sala Constitucional consideró que era innecesaria y además no obligante constitucionalmente, sólo por no mencionarse expresamente en el artículo correspondiente. Se ignoró aquello del pueblo protagónico y participativo.
Pero es que el tema del ejercicio de la voluntad popular siempre ha sido manipulado a discrecionalidad del Consejo Nacional Electoral, basta recordar en el pasado los proceso de firmazos, reafirmazos; la elección municipal de 2009 que terminó siendo en el 2013 y la eliminación de las Juntas Parroquiales y de los Jueces de Paz; sin olvidar el tema de la conformación y registro de los Consejos Comunales como forma de organización comunitaria de la sociedad.
En conclusión el Estado ha acumulado importantes evidencias que advierten sobre el sistemático desconocimiento a la obligación del Estado de facilitar el ejercicio de la voluntad del pueblo, que como se puede leer del artículo 3, es uno de los fines esenciales del Estado.
2.- La construcción de una sociedad justa y amante de la paz, ha quedado en el lenguaje mediático y propagandístico; pero son muchas las evidencias que pueden demuestrar que en el lenguaje político real y en la dinámica diaria que genera la gestión pública y la relación Estado-Ciudadano, el régimen está muy lejos de buscar esa sociedad justa y amante de la paz, su intolerancia precisamente se convierte en el principal obstáculo para asumir su responsabilidad política de gobernar un país en el que todos seamos parte.
3.- La promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo, es un cometido que no supera la mención nominal en el artículo 3, prueba de ello está reflejada en el CLAP, la situación de las medicinas, pañales, la crisis que experimentan los enfermos crónicos ante la imposibilidad de garantizar sus tratamientos como es debido, el deterioro de la capacidad real de ahorrar e invertir, etc…
4.- La garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución es precisamente lo que está ausente en el ejercicio del poder político del régimen.
5.- En esta realidad extremadamente crítica situación, los Venezolanos podemos afirmar categóricamente, con muchas evidencias y pruebas, que el Estado no garantiza la defensa y el desarrollo de la persona y menos aún el respeto a su dignidad.
Por lo tanto, un régimen que desde el Poder del Estado no cumple con los fines previstos en la Constitución, simplemente debe ser considerado como un régimen que está al margen de la Constitución, tal y como lo hizo la Unidad el pasado 20 de junio de 2017 y la Asamblea Nacional el 23 de octubre de 2016.
En consecuencia y como lo afirmó la Unidad en su Declaración del 20 de junio 2017, la sociedad civil tiene el derecho a desconocer a la autoridad política del régimen, así como a sus decisiones y más aún, tiene el poder suficiente para desobedecer sus decisiones por ser éstas inconstitucionales, inspirados como sociedad en los mandatos de los artículos 333 y 350 de la Constitución vigente.
El régimen de Nicolás Maduro, desde hace años, ha intentado sustituir esos fines previstos en la Constitución para implantar el Plan de la Patria, pero la vigencia de la Constitución se lo ha impedido.
III.- La Constitución pareciera ser un elemento cohesionador.
Frente al abuso que supone manipular los valores, principios y garantías constitucionales, el régimen ha encontrado que la vigencia de la Constitución, relegitimada en el año 2007, cuando se impuso el No a su reforma parcial, se convierte en el principal obstáculo para sustituir los fines e imponer nuevos valores del orden político, social y económico.
Las posturas que se han expresado en contra de la Constituyente del lado opositor y de algunos sectores que se han distanciado del régimen de Nicolás Maduro, sin dejar de ser seguidores del chavismo, pareciera advertir que el principio de participación de los ciudadanos en la consulta para valorar si es o no necesaria una Constituyente se convierte en un elemento cohesionador entre los distintos actores de la dinámica política actúal, y entre estos y una gran mayoría de venezolanos.
Ese reconocimiento a la vigencia y legitimidad de la Constitución, llevó a la Sala Constitucional en una interpretación jurídica a afirmar que era innecesaria la consulta popular; unos Magistrados que no pueden calificarse como tal porque su designación fue inconstitucional, tal y como lo evidenció el Informe aprobado por la Asamblea Nacional el 14 de julio 2017, permiten concluír que quienes usurpan la función de magistrados, negaron de manera evidente el ejercicio de la voluntad popular a través de la consulta para valorar la necesidad o no de la Constituyente.
Nuevamente el régimen de Nicolás Maduro, ha dejado en evidencia el engaño que supone la promoción de la participación y del protagonismo del pueblo, pues tales principios, que tantas veces han pretendido asumirlos como exclusivos del Socialismo del Siglo XXI, han quedado desconocidos expresamente por acción del régimen en el caso del revocatorio y en lo inmediato, en el proceso constituyente.
El 13 de octubre de 2016, la Asamblea Nacional a través de un Acuerdo recordó al gobierno de Nicolás Maduro, que el principio de la Supremacía Constitucional, no puede ceder ante el
autoritarismo del Poder Ejecutivo y menos aún, ante la tergiversada interpretación de la Constitución por parte de la Sala Constitucional.
En consecuencia la Asamblea Nacional reconoció en ese Acuerdo del 13 de octubre que era una obligación asumir la defensa de la Constitución a través de su artículo 333, que dice:
Artículo 333. Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella.
En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia
Precisamente en ese reestablecimiento, es esencial que los valores superiores al ordenamiento jurídico venezolano puedan actuar como elemento cohesionador de la sociedad civil en esta batalla política por restaurar el orden constitucional y democrático. En tal sentido, el artículo 2 de la Constitución nos recuerda cuáles son esos valores, a saber:
-La vida,
-La libertad,
-La justicia,
-La igualdad,
-La solidaridad,
-La democracia,
-La responsabilidad social,
-La preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.
Son esos valores los que hoy debemos reclamar y sobre los cuales fundamentar nuestra acción en desobediencia civil, pues para que esos valores inspiren la actuación del Estado en la búsqueda de los fines previstos en su artículo 3, es esencial restaurar la vigencia de la Constitución.
Los ingredientes para el reencuentro de la sociedad y para iniciar un proceso que permita restaurar el tejido social está precisamente en el rescate de esos valores.
Defensores de la Democracia, es una iniciativa ciudadana, que busca promover el debate crítico sobre la realidad y servir de plataforma virtual para el intercambio de experiencias, opiniones e ideas, sobre aquellos hechos que hoy permiten identificar aquellos elementos básicos para lograr restaurar niveles adecuados de cohesión social.
IV.- Rescatar la cohesión social es un reto.
La cohesión social debe ser vista como una especie de pegamento social que permita el reencuentro de los distintos actores de la sociedad civil y que facilite la defensa de la democracia y la restitución del orden constitucional desde la defensa de los valores superiores y esenciales de nuestra República.
El país hoy nos reclama el compromiso responsable hacia un proceso de pedagogia social, que no se limita al 30 de julio 2017, por el contrario debe ir mucho más allá.
Defensores de la Democracia pretende ser una plataforma ciudadana para el debate y discusión crítica con la palabra escrita, con ideas y propuestas, para asumir la tarea de contribuir con la reflexión del presente y construir consensos sobre las propuestas que en algún momento tendremos que debatir para enfrentar el desafío de asumir un eventual proceso de transición política.
La responsabilidad de los Defensores de la Democracia, es mantener intacto el hilo de oro que une generaciones, expresión que usó Mario Briceño Iragorry en su Mensaje Sin Destino; hilo de oro que como nunca antes en la historia, está en riesgo con esta convocatoria a una supuesta Constituyente.
Para cerrar otra frase que nos dejó Briceño Iragorry y que considero oportuna para el cierre de este documento que pretende servir de base para una reflexión sobre qué estamos defendiendo en estos momentos y sobre los desfíos que supone este proceso que nos correspondió vivir, esa frase es:
Debemos ayudarle –refiriendose al Pueblo- no a que grite, como aconsejan los demagogos, ni a que olvide sus desgracias, como indican los conformistas del pesimismo, sino a que reflexione sobre si mismo sobre su deber y su destino.
Carlos Romero Mendoza
25 de junio 2017

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